En los últimos meses a nuestros clientes que han comprado una oficina de farmacia en la Comunidad de Madrid les están llegando requerimientos de la Consejería de Hacienda solicitándoles el pago del impuesto por Actos Jurídicos Documentados (AJD). A lo largo de este artículo vamos a tratar de explicar de qué impuesto se trata y por qué desde Gómez Córdoba estamos recurriendo su pago.

¿Qué es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados?

Como su propio nombre indica, se trata de someter a  gravamen los actos jurídicos que están documentados en alguna de estas formas: Notarial, Mercantil o Administrativa.

En nuestro caso, las escrituras de compraventa de oficina de farmacia están documentadas en forma notarial y, por tanto, parecería que deben estar sometidas al impuesto.

¿Cuál es el fundamento de este impuesto?

El motivo no es otro que gravar la especial garantía que el ordenamiento jurídico concede a determinados actos en razón de la forma notarial adoptada, ligada especialmente a la posibilidad de acceso a los Registros Públicos con los efectos que de ello se derivan.

¿Cuáles son los requisitos?

Pues los requisitos están regulados en  el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993 de la Ley de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

«Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma»

Esto quiere decir que se ha de cumplir con todos y cada uno de ellos, esto es:

1. Tratarse de primera copia de una escritura notarial.
2. Tener por objeto una cantidad o cosa valuable: precio.
3. Contener un acto o contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles.
4. No estar sujeto dicho acto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ni a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias.

¿Cuánto se paga por el impuesto AJD?

La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid considera que las operaciones de compraventa de oficinas de farmacia cumplen estos requisitos. Por tanto, solicitan al comprador de la misma que abonen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que le supone un pago del  0,75% del valor declarado en Escritura de dicha oficina de farmacia.

Ejemplo real

Este es el requerimiento que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid le hizo llegar a uno de nuestros clientes el pasado mes de julio. La operación de compraventa se realizó durante el verano de 2015 y la escritura se firmó el 29 de septiembre de ese año. La «Propuesta de Liquidación Provisional» por la que se le solicita el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados tiene fecha del 14 de julio de 2016.

Caso Real: Cálculo de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

Como se observa el valor escriturado de la oficina de farmacia en este caso era de 522.478,45€. Ese importe incluye la licencia, el mobiliario y el fondo de comercio, pero NO el local, que estaría escriturado de forma independiente y se acogería a un sistema impositivo distinto.

Como decíamos, en la Comunidad de Madrid el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava con un 0,75% ese importe, lo que resultaría, según el requerimiento, en el pago de 3.918,59€.

¿Cumple las operaciones de compraventa de farmacia con los requisitos?

La respuesta sería que depende de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre. La primera y más recurrente sentencia es la dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 15 de marzo de 2015. En ella se afirma que la inscripción de la titularidad de la farmacia -aunque sea «evaluable económicamente»- en el Registro de Bienes Muebles es voluntaria.

El caso contrario se dio en Extremadura, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia con fecha 15 de Junio de 2015 en la que se señala que la ley de Farmacia de esa Autonomía dicta expresamente la obligatoriedad de la inscripción de la titularidad de las oficinas de farmacia en el Registro de Bienes Muebles, por lo que deja poco espacio para recurrir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Como decíamos, al final, todo depende de la regulación autonómica concreta.

En la Comunidad de Madrid, ¿hay que pagar el impuesto AJD?

A nuestro entender, NO, puesto que no cumple con el tercero de los requisitos citados previamente «Contener un acto o contrato inscribible en el Registros de Bienes Muebles».

Los argumentos son varios:

• En la practica, la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de la Comunidad de Madrid de una Escritura de Compraventa sin carga hipotecaria -con el mero propósito de inscribir su titularidad- NO es posible. Es decir, va un paso más allá que en la Comunidad Valenciana porque el registrador no practicará dicha inscripción por adolecer de defecto insubsanable en base a los argumentos esbozados en este artículo y otros referidos a la no existencia de norma autonómica que lo permita (algo similar a lo que ocurría en la Comunidad Valenciana).
• Aunque se pudiera considerar la posible inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las oficinas de farmacia -por tratarse de establecimientos mercantiles- lo cierto es que dicha inscripción carece de efectos jurídicos frente a terceros, siendo este el fundamento de la exigencia del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En definitiva, la inscripción sólo de la titularidad de la oficina de farmacia en la Comunidad de Madrid NO es posible. Además, en caso de producirse no supondría ningún efecto jurídico frente a terceros, que es el fundamento básico del impuesto. Por tanto, no es posible el devengo de un impuesto por un acto imposible de inscribir.

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