Impuesto Plusvalía Municipal en Farmacias: Vendo por menos, pago por más

plusvalia municipal farmacia 1

Cuando vendo por menos de lo que me costó el local de farmacia, ¿tengo que pagar el Impuesto de Plusvalía Municipal?

Pues hasta este el pasado 17 de febrero en el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de esta práctica, así era.
A partir de esta Sentencia, la transmisión de estos locales (o de cualquier inmueble) que no obtengan ganancia patrimonial no tendría que tributar por este impuesto. Pero NO se precipite. Espere antes de recurrir, ya que esta Sentencia ha dejado ciertas lagunas sin resolver que, sin duda, causarán inseguridad jurídica al contribuyente que pretenda defender su derecho. Inseguridad que se extiende a los propios ayuntamientos, ya que estos tendrán que resolver los recursos conforme a Ley –no pueden hacerlo de otra manera- y esta es la Ley Reguladora de Haciendas Locales que no ha sido declarada Inconstitucional por la antedicha Sentencia y, por tanto, sigue en vigor.

Con suerte, las reclamaciones que se hagan ahora, se quedarán sin resolver por los Ayuntamientos a la espera de una resolución del Constitucional. En el peor de los casos resolverán conforme a Ley y los contribuyentes tendrán que ir a los Tribunales con el consiguiente coste de  tiempo y dinero.

Resumiento los argumentos esgrimidos por Marin-Barrionuevo -articulo que pueden consultar completo aquí -, las incertidumbre que genera la nueva Sentencia del Constitucional:

  • Lo que se ha declarado Inconstitucional es la norma foral, no así la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en sus artículos 107 y 110, que dice lo mismo que la foral. Pero el Tribunal no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de esta norma que es de aplicación a todo el territorio común.
  • Deja también a criterio interpretativo del Juez cada caso individual, valorando si esa situación concreta que se somete a tributación se puede considerar tiene o no  incremento patrimonial .
  • Los plazos para impugnar en los ayuntamientos donde se haga por autoliquidación -es decir, que sea el contribuyente el que vaya a pagar de “motu propio”- el plazo para que no prescriba será de 4 años. Para los ayuntamientos que notifican al contribuyente el pago del impuesto, el plazo es un mes para impugnar desde la notificación, pasado este plazo la liquidación se hace firme y con ella la obligación de pago.
  • Cómo acreditar en las transmisiones lucrativas (herencia o donación) que ha existido o no ha existido alteración del incremento del valor del suelo (que no de la construcción). No se habla de los medios de prueba, ni si son los Ayuntamientos los que deben acreditar o es el contribuyente.

Esta Sentencia del Constitucional  genera también incertidumbres a los Ayuntamientos por los siguientes motivos:

  • Tendrán que seguir liquidando como hasta ahora, pues la normativa les obliga. Sin embargo, recibirán numerosas reclamaciones de los contribuyentes por ingresos indebidos produciendo esto un alto coste de gestión.
  • Como los ayuntamientos solo pueden atenerse a la ley y la LRHL, establece que la cuantificación del impuesto se hace en base a un valor catastral. Los recursos de reposición tendrán que resolverse conforme a Ley.  Por tanto, todos estos recursos se tendrán que solucionar en Tribunales que serán los que dictaminen su inconstitucionalidad.

La única solución, retrasar le resolución de recursos por parte del ayuntamiento, esperando que en ese lapsus de tiempo el Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Pero, ¿qué es el Impuesto de Plusvalía Municipal?

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Impuesto de Plusvalía, es un tributo que se aplica, en el caso de las farmacias, cuando

  • se vende el local
  • se dona
  • se hereda el local donde esta se ubica la farmacia

En el caso de una venta del local de farmacia, ¿quién debe abonar el impuesto?

Cuando se vende el local, es la parte vendedora quien debe abonar el impuesto sobre plusvalía.

¿Y en una donación?

En el caso de una donación, en cambio, es el donatario, esto es, quien recibe el local es quien debe liquidar el impuesto.

¿Y en una herencia?

Igual ocurre si se transmite por herencia, los herederos tendrán que tributar por la adquisición del mismo y pagar el impuesto de plusvalía.

¿Dónde está el quid de la cuestión?

Pues que es un impuesto que se aplica, con independencia de si ha habido o no ganancia.

Parece absurdo que se venda un local por un valor inferior por el que se adquirió pues los precios después de la crisis han bajado, y encima, tenga que tributar por un impuesto al que se le conoce como “plusvalía municipal”.

¿Cómo se calcula el Impuesto de Plusvalía?

La base imponible se calcula en función del valor catastral del local y del tiempo transcurrido en poder del vendedor, donante o fallecido, siendo un máximo de 20 años.

Ejemplo de Plusvalía Municipal en Farmacias

Un titular farmacéutico compró la farmacia, junto con el local donde se ubica en 2007 y lo vende ahora en 2017.

Para calcular el pago del impuesto se tomará el valor catastral, pongamos que este es de 200.000 euros.

La tasa de revalorización –que el Ayuntamiento determina con ciertos límites– será el resultado de multiplicar 3,5 por los diez años en los que se ha sido propietario del bien. Esta cifra puede variar en función del municipio. Ello da como resultado un 35% que, aplicado al valor catastral de 200.000 euros, deja una base imponible de 70.000 euros para el ejemplo propuesto. Sobre este importe se aplicaría el tipo impositivo, que no puede superar el 30% por ley. Como se ve en este supuesto, la fórmula no tiene en cuenta si el propietario gana o no dinero con la venta.

¿Qué dicen los tribunales sobre la legalidad de este impuesto?

Hasta ahora el número de sentencias que dictaban los Tribunales Superiores de Justicia que anulaban liquidaciones en las que un ayuntamiento exige el impuesto de plusvalía en una operación que ha generado pérdidas iba en aumento.

El pasado 17 de febrero ha sido el Tribunal Constitucional quien ha publicado una sentencia que anula parcialmente el tributo y prohíbe que se aplique cuando se produce una minusvalía en la transmisión.

La inconstitucionalidad del tributo viene planteada, en la medida que el impuesto podía ser contrario al artículo 31 de la Constitución Española, que señala que:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

También planteó al Constitucional la posibilidad de que la configuración actual del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos pueda limitar el derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución en la medida en que no permite una prueba a contrario que demuestra que no ha existido revalorización.
Esto es así porque la normativa no contempla la posibilidad de que la transmisión produzca una pérdida o minusvalía y, por lo tanto, no admite prueba en contrario.

Pero falta, como comentábamos al principio, que nuestro Tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de los artículos 107 y 110 de la LRHL, a fin de que esta Sentencia pueda aplicarse en punidad en todo el territorio Nacional, así cómo dilucidad un criterio unitario sobre el método probatorio.

Y citando a a Marín -Barrionuevo, el autor del articulo del enlace, que nos abre los ojos sobre la incertidumbre jurídica de la Sentencia, terminamos diciendo:

Como se desprende de lo expuesto, los perjudicados por una norma manifiestamente injusta carecen de la mínima certeza sobre las consecuencias de sus actos, pues si aceptan los costes de una impugnación de la liquidación se pueden encontrar con resultados totalmente distintos, en función del Juzgado encargado de resolver.

En este contexto resulta oportuno recordar que el artículo 9.3 de la Constitución reconoce el principio de seguridad jurídica, que según el Tribunal Constitucional “implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (…). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas” (STC 46/1990, de 15 de marzo).

En todo caso, bienvenida sea esta Sentencia que, a bien seguro, es el inicio de un cambio legislativo que finalmente desterrara de nuestro país un tríbuto con certeza injusto.

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Acerca de Rosa Gómez Soto

Socio -fundadora del despacho especializado en oficinas de farmacia s Gómez Córdoba Abogados desde 1994. Empecé en el departamento comercial con traspasos de farmacia y, posteriormente, asesoría fiscal. En la actualidad dirijo a un grupo de profesionales especializados en las distintas disciplinas que intervienen en la compraventa de farmacias y en la correcta gestión fiscal, contable, laboral y jurídica de farmacias:

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